Aflatoxina en el arroz y arbitraje GAFTA: ¿de quién es el riesgo?

El arroz que ha superado sin problemas el control de calidad en el país de origen puede resultar «no apto» en el país de destino, sencillamente porque allí rige un límite de aflatoxina más estricto. ¿Quién soporta ese riesgo: el vendedor o el comprador? Una controversia que llegó al arbitraje GAFTA demostró que la respuesta no depende del sentido común, ni de para qué se compró realmente la mercancía, sino de lo que dice exactamente el contrato.

Qué es la aflatoxina y por qué los límites varían tanto

Las aflatoxinas son toxinas producidas por mohos del género Aspergillus. Se forman en el grano, los frutos secos y el arroz cuando se almacenan de forma inadecuada con calor y humedad, no se destruyen con la cocción habitual y se consideran cancerígenas. Por eso casi todos los países fijan un nivel máximo permitido de aflatoxina en los alimentos.

El problema es que esos niveles varían mucho. El mismo saco de arroz puede ser una mercancía perfectamente legal en el país de origen y una infracción de la norma en el país de destino. Para ilustrarlo, las cifras en torno a las cuales giró la controversia:

La unidad «µg/kg» (microgramos por kilogramo) es lo mismo que ppb (partes por mil millones), como suele indicarse en los certificados. Lo importante aquí no son las cifras en sí, sino la diferencia: el límite pakistaní es cinco veces más laxo que el europeo. Cuando la mercancía viaja de un país con una norma laxa a otro con una norma estricta, esa diferencia se convierte en un riesgo comercial. La única cuestión es sobre quién recae.

La controversia: arroz pakistaní para una cervecería africana

Un comprador —una empresa comercial europea— adquirió de un vendedor una partida de arroz pakistaní (100% Broken White Rice) con entrega en el almacén de una cervecería en Ruanda en condiciones DAP (Delivered At Place: el vendedor entrega la mercancía en el lugar de destino acordado). El contrato incorporaba el formulario GAFTA 88 y el reglamento de arbitraje GAFTA 125; la ley aplicable era la inglesa. La especificación de calidad remitía a la norma pakistaní del arroz («PSI Standard»). Y aquí está la raíz de toda la controversia: el propio contrato guardaba silencio sobre la aflatoxina, y la norma pakistaní a la que remitía no establece ningún límite de aflatoxina en absoluto. El parámetro por el que finalmente se rechazó la partida sencillamente no figuraba en el contrato.

La cláusula clave era la de calidad: se declaraba definitiva en el momento del embarque mediante el certificado de un superintendente que el propio vendedor elegía y pagaba. El certificado, en efecto, apareció, y en su forma se ajustaba al contrato: en él se hacía constar que la mercancía cumplía la especificación y era apta para el consumo humano. La aflatoxina, sin embargo, no se mencionaba en absoluto en ese documento: certificaba la aptitud para el consumo humano sin haber analizado nunca la mercancía en busca de la micotoxina cancerígena.

Tras la llegada a Ruanda, la cervecería realizó una prueba rápida: positiva. El organismo local de normalización midió una aflatoxina total de unos 21 µg/kg, el doble del límite local (10 µg/kg). A propuesta del vendedor, las muestras conservadas se enviaron a un laboratorio independiente, que arrojó unos 14,4 µg/kg. Esto es inferior al límite pakistaní (20), pero todavía superior al ruandés (10) y varias veces superior al europeo (4).

El comprador rechazó la partida, alegó incumplimiento del contrato y exigió la devolución del precio, además del reembolso de los gastos de almacenamiento, transporte y destrucción de la mercancía.

La posición del vendedor

La lógica del vendedor era sencilla y se apoyaba en el texto del contrato:

1. La aflatoxina no era en absoluto un parámetro del contrato: las partes solo habían acordado la especificación PSI del arroz, que la mercancía cumplía. Y si se acude al régimen pakistaní de seguridad alimentaria, este —según el argumento del vendedor— permite aflatoxina hasta 20 µg/kg, de modo que los 14,4 medidos por el laboratorio independiente quedaban dentro de ese límite.
2. El certificado de calidad se declaró definitivo: no cabe impugnarlo con análisis posteriores.
3. El hecho de que, antes de la firma, las partes hubieran hablado de un suministro «para la elaboración de cerveza» y de niveles de aflatoxina más estrictos no pasó a formar parte del contrato: lo que importa es el contrato firmado, que —según la lógica del vendedor— desplazó todos los borradores y entendimientos anteriores, que nunca llegaron a ser cláusulas del contrato.

La posición del comprador

El comprador sostenía lo contrario e insistía en la finalidad real de la operación:

1. Ambas partes sabían desde el principio que el arroz iba destinado a una cervecería: el lugar de entrega figura expresamente en el contrato. Por tanto, la mercancía debía ser idónea precisamente para ese fin (fitness for purpose); un arroz con aflatoxina de 14–21 µg/kg no cumple ni la norma del país de destino ni, mucho menos, la europea (4 µg/kg) y resulta inadecuado para la producción alimentaria.
2. Aunque la aflatoxina no esté expresamente recogida en el contrato, la inglesa Sale of Goods Act 1979 (art. 14) incorpora automáticamente a un contrato de este tipo una condición de calidad satisfactoria: la mercancía debe servir para los fines a los que habitualmente se destinan los bienes de esa clase. Y el arroz casi siempre se destina a la alimentación: alrededor del 90% de la cosecha mundial se consume como alimento —por personas o animales— y, en ambos casos, el análisis de aflatoxina es obligatorio. Una partida con ese nivel de toxina no servía para ninguno de esos fines: las autoridades del país de destino ordenaron después destruir la mercancía por no ser apta ni para personas ni para animales. Por tanto, no era de calidad satisfactoria.
3. Un certificado no puede ser «definitivo» respecto de un parámetro que nunca analizó: el documento calla sobre la aflatoxina y, sin embargo, afirma la aptitud para el consumo humano.
4. El certificado de embarque lo emitió un laboratorio pakistaní no inscrito en el registro de acreditados por GAFTA, mientras que la verificación independiente de las muestras conservadas —que propuso el propio vendedor— la realizó un laboratorio acreditado por GAFTA, y fue este el que confirmó la superación. Dado que el propio vendedor inició esa verificación y las partes acordaron tener su resultado por decisivo, reconoció con ello que la aflatoxina importaba, y perdió el derecho a escudarse en el carácter «definitivo» del primer certificado.

Qué decidió el tribunal

El tribunal se puso del lado del vendedor y desestimó la pretensión principal del comprador.

En cuanto a la norma: los árbitros interpretaron «PSI Standard» de forma amplia, como comprensiva no solo de la propia especificación del arroz, sino también del límite de 20 µg/kg fijado por la autoridad pakistaní competente en seguridad alimentaria. Dado que el contrato remitía a la norma pakistaní, ese límite, en opinión del tribunal, pasó a formar parte del contrato, y la mercancía se ajustaba a él.

En cuanto al certificado: el tribunal lo tuvo por válido y definitivo. El argumento de que el certificado era nulo por no estar el laboratorio inscrito en el registro de acreditados por GAFTA no prosperó. El contrato facultaba al vendedor para elegir al superintendente a su discreción, no contenía una exigencia separada de acreditación GAFTA, y el laboratorio elegido estaba oficialmente registrado por el Estado como inspector de calidad; además, el certificado identificaba con claridad la mercancía. Eso bastó a los árbitros. El hecho de que el comprador hubiera aceptado y pagado en su día el certificado sin objeciones no hizo sino reforzar la conclusión. El argumento de que aceptar la verificación independiente privaba al vendedor del derecho a invocar el carácter «definitivo» también se rechazó: el tribunal no vio en la conducta del vendedor una renuncia clara a ese derecho. El resultado del organismo local de normalización (≈21 µg/kg) lo descartaron de plano: las muestras no estaban vinculadas a la mercancía concreta y no estaba claro cómo se habían tomado. Y el resultado del laboratorio independiente, aun aceptándolo, no cambiaba el desenlace: 14,4 µg/kg seguía estando por debajo del límite «contractual» de 20.

En cuanto a la finalidad de uso: el tribunal admitió que el vendedor conocía el uso para la elaboración de cerveza. Pero concluyó que el vendedor tenía derecho a presumir que el cumplimiento de la norma pakistaní bastaba para los fines del comprador, precisamente porque era esa la norma que el comprador había aceptado en el contrato. Los argumentos del comprador sobre los términos implícitos (implied terms) y sobre el artículo 14 de la SOGA fueron rechazados por el tribunal: la especificación expresamente acordada prevaleció.

Con todo, no puede decirse que el comprador se fuera con las manos vacías. Por una partida distinta, que nunca llegó a embarcarse, había abonado antes un anticipo del 20%, denominado en el contrato «depósito». El vendedor se negó a devolverlo: alegaba que no había habido una cancelación acordada, que el comprador se había negado indebidamente a aceptar la partida (de nuevo por la aflatoxina) y que, por tanto, podía retener el anticipo. Pero el tribunal se puso del lado del comprador. En opinión de los árbitros, la palabra «depósito» en este contrato no convertía el pago en no reembolsable: en ninguna parte se estipulaba que se retuviera o se perdiera si la operación se frustraba (en el Derecho inglés la cuestión de los pagos denominados «deposit» es más matizada, pero se resuelve precisamente por el texto del contrato). Como el vendedor ni embarcó la mercancía, ni resolvió el contrato, ni reclamó daños, no había base sobre la que retener el anticipo, y se le ordenó devolverlo con intereses.

Conviene tener presente que un laudo arbitral no es un precedente judicial. Es la resolución de una controversia concreta bajo un contrato concreto, y con su razonamiento se puede perfectamente discrepar. Para este supuesto, el arbitraje GAFTA de dos instancias prevé precisamente una segunda instancia —la apelación—, en la que la controversia se examina de nuevo. Pero el valor del caso no está en quién tenía finalmente razón, sino en las conclusiones prácticas que conviene extraer de él.

Lecciones de este caso

Con independencia de hacia qué lado se inclinen las simpatías, la controversia ofrece varias conclusiones prácticas para quienes se dedican al comercio internacional de materias primas alimentarias.

Recoja los parámetros de calidad críticos directamente en el contrato. Si la mercancía se dirige a un país con normas más estrictas que el de origen, no se conforme con una remisión a «la norma nacional»: indique el límite numérico concreto de aflatoxina (o del parámetro de que se trate). Como mostró el caso, una remisión a una norma puede significar algo muy distinto de lo que usted suponía.

Fije la finalidad de uso de la mercancía en el texto del contrato, no en la correspondencia. El destino de la mercancía, los niveles prometidos, «arroz para la cervecería»: en el Derecho inglés, por regla general, es difícil apoyarse en todo eso al interpretar el contrato, pues el tribunal atiende ante todo al propio texto contractual. Si la finalidad y los requisitos de calidad asociados le importan, es más seguro recogerlos expresamente en el contrato que confiar en la correspondencia previa.

El certificado de calidad es una herramienta potente, pero delimite el alcance de su carácter definitivo. Un certificado definitivo priva a la otra parte del derecho a volver a discutir la calidad, lo que resulta cómodo para el vendedor y peligroso para el comprador. Pero ¿definitivo «respecto de qué»? Especifique qué parámetros cubre exactamente el certificado. Un documento que calla sobre un parámetro crítico para usted puede, aun así, atarle las manos.

Quién emite el certificado —y con qué cualificación— importa. En este caso, el certificado de embarque lo emitió un laboratorio pakistaní no inscrito en el registro de acreditados por GAFTA, mientras que la verificación independiente la realizó uno acreditado por GAFTA; pero el que llegó primero y contó como «definitivo» fue el certificado de embarque. Si le importa que la calidad la confirme un superintendente acreditado por GAFTA, recójalo expresamente en el contrato. De lo contrario, corre el riesgo de quedarse con un dictamen que preferiría impugnar pero que ya no podrá.

Conclusión

En el comercio internacional de materias primas, el texto del contrato casi siempre pesa más que la historia de la relación. Las normas de calidad divergen de un país a otro, y solo el propio contrato puede cerrar esa brecha, mediante una redacción expresa y no mediante un sobreentendido «se da por hecho». Y allí donde la motivación de una resolución sigue siendo discutible, el resultado depende en gran medida de lo profesionalmente que se haya construido la posición, tanto al redactar el contrato como en el propio arbitraje. Una lógica similar de «garantías de calidad frente a la realidad» se analizó también en el caso del maíz orgánico.

Si tiene una controversia sobre la calidad de la mercancía, una superación del límite de aflatoxina u otro parámetro, o necesita ayuda en un arbitraje GAFTA o FOSFA, póngase en contacto conmigo:

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